La Associació de Juristes organiza un acto en Madrid en defensa de la financiación autonómica y el Derecho Civil valenciano
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará en el último pleno del año, previsto la semana próxima, la reforma del Estatuto valenciano cuya tramitación empezó en 2011 y se ha retrasado siete años, tras el acuerdo alcanzado entre diferentes grupos políticos de la ponencia reunida este martes en la Cámara Baja.
La Comisión Constitucional del Congreso, convocada el próximo jueves, tiene que aprobar la nueva redacción, que incorporará al artículo 52 del Estatuto de Autonomía el apartado cuarto para que las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana sean acordes al peso de la población.
La Junta de Portavoces ha incluido en el orden del día del próximo pleno el debate de esta propuesta que ha sido aprobada por todos los partidos a excepción de Ciudadanos, que se ha abstenido porque todavía no ha fijado su posición definitiva.
El acuerdo prevé la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 52, y no una disposición adicional al Estatuto como se había tramitado inicialmente, en el que se recoge que la Generalitat «participará e las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana». El Tribunal Constitucional desactivó la obligatoriedad por parte del Estado de cumplir con este tipo de cláusulas -presentes en los estatutos de otras autonomías-, por lo que será una exigencia pero no vincula al Ejecutivo.
Esta participación será, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, «equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunitat Valenciana en el conjunto del Estado». Con esta finalidad se constituirá una comisión «integrada por las Administraciones estatal, autonómica y local».
Reivindicación del Derecho Civil valenciano
La Associació de Juristes Valencians han celebrado este martes, también en el Congreso, un acto en defensa de una inversión estatal justa y del Derecho Civil valenciano, en el que han participado, entre otros, el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala y el director del IVIE, Francisco Pérez. Los asistentes -diputados y senadores, dirigentes del municipalismo y representantes de la sociedad civil valenciana- se han hecho una foto de familia en las escaleras del Congreso.
En 2016, el Tribunal Constitucional anuló la ley valenciana de Régimen Matrimonial, invalidando, entre otras cuestiones, la separación de bienes en los nuevos matrimonios, y cercenando la posibilidad de la Comunidad Valenciana de desarrollar su propio derecho civil pese a que la competencia se incluyó, sin ninguna oposición, en la reforma del Estatut de 2006.
Hoy en el Congreso la Associació de Juristes ha insistido en la necesidad de que se apruebe una modificación técnica de la Constitución española para hacer efectiva la competencia en Derecho Civil de los valencianos y de la que ya disfrutan 15 millones de españoles.
Esta organización recuerda que hay unos 300.000 valencianos que se acogieron a este derecho, que se aplicó hasta su invalidación en 2016 por parte del Constitucional. José-Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes. Las Cortes Valencianas aprobaron el pasado mes de octubre una proposición para recuperar la ley de Derecho Civil.
La reforma constitucional cuenta con el respaldo de las tres diputaciones provinciales valencianas, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), el Consejo valenciano de Colegios de Abogados, Las Facultades de Derecho de Valencia, Alicante y Castellón, la Asociación Valenciana de Empresarios, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, los sindicatos CC OO-PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, el CSIF-CV o la Fundació Nexe, entre otros.
Artículo de El País Se puede acceder mediante el siguiente link:
https://elpais.com/ccaa/2018/12/11/valencia/1544544484_810946.html
