El pacto PSOE y PP contra nuestros Furs es otra derrota d’Almansa

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El presidente de Juristes Valencianas detalla en esta entrevista la lucha por lograr que el Derecho Civil Valenciano esté en la Constitución, las consecuencias del pacto PP y PSOE y el agravio con otras autonomía

La Vanguardia. Salvador Enguix 19/02/2023 05:50Actualizado a 19/02/2023 09:22

Todos los periodistas sabemos del enorme esfuerzo personal y tiempo de trabajo que José Ramón Chirivella, presidente de la asociación de Juristes Valencians, dedica a liderar la reivindicación para que la Constitución reconozca el Derecho Civil Valenciano. Hombre de profundas convicciones autonomistas denuncia el pacto del PP y PSOE que, a pesar de las promesas, deja a los valencianos como españoles de segunda categoría frente a otras autonomías que sí tienen Derecho Civil propio.

¿Cómo se puede explicar que varias autonomías tengan su Derecho Civil propio reconocido y los valencianos no?

Tras la Guerra de Sucesión, Aragón, Cataluña y Mallorca, ven suprimidas sus instituciones pero conservan su derecho civil, aunque fosilizado, ante la eliminación de sus Cortes, pero los valencianos fueron más perjudicados, ya que se suprimieron nuestras instituciones históricas ( Corts Valencianes, la Generalitat,..) y encima se abolieron de forma absoluta els Furs, el compendio de normas de derecho público y privado y que estuvieron vigentes hasta su abolición con el Decreto de Nueva Planta de 1707. Desde ese mismo año 1707, han sido continuas las reclamaciones para la restitución de las leyes civiles, que conservaron el resto de los territorios de la Corona de Aragón por voluntad de Felipe V, y también Navarra, e incluso territorios como Galicia o las provincias vascas, con normas civiles menos relevantes, por la ausencia de parlamentos medievales propios.

Lo peor fue para los valencianos

En el franquismo, por impulso de las élites simpatizantes del tradicionalismo o del catalanismo de la Lliga, esencialmente, se produjo la positivización, con poco rigor, del Derecho Foral que pervivía, a través de las Compilaciones de normas civiles en Aragón, Vizcaya y Álava, Cataluña, Baleares, Galicia y Navarra. Valencia no contaba para Franco. Tras la Constitución, que reconoce la diversidad legislativa civil y pese a prever la competencia legislativa civil nuestro Estatuto de Autonomía, el Tribunal Constitucional, con una doctrina cuestionable y asimétrica, ha imposibilitado cualquier intento de desarrollar un derecho civil moderno valenciano, al asimilar de facto la “existencia” del Derecho Civil Valenciano a su “vigencia” en el momento de entrada en vigor de la Carta Magna, cuando en los debates constituyentes se rechazó expresamente en el Congreso una enmienda que condicionaba la capacidad legislativa a la vigencia de los derechos forales. En cambio, el TC ha sido muy generoso con los derechos civiles de otras comunidades.

Mucha gente se pregunta por qué José Luís Rodríguez zapatero recurrió al constitucional el Derecho Civil Valenciano cuando no se ha hecho con otras legislaciones autonómicas.

La reforma del Estatut valenciano del año 2006, que se realizó con gran consenso entre PSOE y PP, fijaba la recuperación del Derecho Foral como fundamento del autogobierno valenciano y establecía claramente la competencia civil con el mismo alcance que para el resto de las comunidades con esa capacidad, por motivos históricos, como defendió por ejemplo Federico Trillo. Cuando se aprobó la primera ley de derecho de familia valenciana, la de régimen económico matrimonial en el año 2008, Francisco Camps, era el presidente autonómico más significativo del PP, y el PSOE de forma desleal recurrió ante el Tribunal Constitucional esa norma que establecía el régimen de separación de bienes, como el aplicable a falta de capitulaciones matrimoniales, como ocurre por ejemplo en Catalunya.

¿Se justificó aquella decisión?

El planteamiento del recurso determinó en plena campaña para las elecciones generales del 2008 por Zapatero, que Esteban González Pons achacara a la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que “no es decente venir a Valencia como candidata a diputada, y empezar derogando los fueros, porque es como si viene Felipe V a presentarse como candidato al Congreso de los Diputados por Valencia”. Además, González Pons se comprometió a que el PP retiraría el recurso de inconstitucionalidad si ganaba las elecciones, de eso hace justo 15 años. Y desde aquí invito al expresidente Rodríguez Zapatero a que justifique su ataque al autogobierno valenciano, y le invito a disculparse.

¿Qué supone desde un punto de vista jurídico no poder disponer de esta autonomía legislativa? ¿Cuál es la traducción practica para los derechos de los valencianos?

Sin el derecho civil nuestra autonomía es muy incompleta. El consenso social y municipal en la actualidad, se basa sobre todo en la utilidad de las normas civiles aplicables en el ámbito del Derecho de familia entre 2008 y 2016, para cubrir lagunas o mejoras sobre las previsiones del Código Civil, con las leyes que regularon cuestiones tan actuales como la custodia compartida ( o alterna, de forma más rigurosa) de los hijos caso de crisis de convivencia de los progenitores, o la de uniones de hecho, dotando de contenido civil a esta figura de facto tan extendida o desde luego la de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que estableció como régimen subsidiario a falta de pacto el de separación de bienes, pero con un régimen mucho más proteccionista para el cónyuge más vulnerable, cuantificando por ejemplo, caso de divorcio, el trabajo en el hogar familiar.

Y en el terreno de las herencias?

En la actualidad, los mayores quieren una mayor libertad de testar y, por tanto, de desheredar a hijos ingratos durante la pandemia, sin embargo, es prácticamente imposible suprimir las legítimas de los herederos forzosos, o sea el hijo único, sabe que heredará 2/3 del patrimonio familiar. Los empresarios valencianos reclaman normas sucesorias modernas para posibilitar la pervivencia de las empresas familiares, y que la gestión se realice por el heredero más adecuado a ojos del causante. Esta cuestión tiene gran trascendencia social, al ser las empresas familiares, el pulmón de la economía valenciana, y origen de la mayor parte del empleo privado.

¿Qué supone desde un punto de vista histórico, y también simbólico, que los valencianos no puedan recuperar una parte de los Furs perdidos en 1707?

Supone que tras 45 años de régimen constitucional democrático se discrimina a los valencianos, cuando otras seis autonomías tienen leyes civiles por la connivencia de sus elites con el franquismo. Vale más la decisión de un dictador, que la voluntad democrática plasmada en un Estatut, que no se olvide es una Ley Orgánica aprobada por Congreso y Senado, y sobre todo supone que el Congreso pretende despreciar a la sociedad civil valenciana.

Ustedes llevan años liderando una lucha a la que se han sumado las Cortes Valencianas y centenares de ayuntamientos. ¿Por qué tanta movilización no acaba de tener efecto?

Si que ha tenido el efecto determinante de que la mayoría social valenciana, encarnada en universidades, colegios profesionales, todos los sindicatos junto con muchas otras asociaciones y colectivos desde los falleros a los movimientos de defensa de derechos LGTBI que exigen aplicar lo que permite el Estatuto en su Preámbulo y 7 artículos. Los valencianos más no podemos hacer, y encima lo hemos hecho con un tacto exquisito y por los cauces constitucionalmente previstos. Si el Congreso rechaza la reforma constitucional planteada por les Corts hace justo ahora tres años  actuará contra el autogobierno de los valencianos. Esta situación sería inimaginable en Madrid, Cataluña o Castilla La Mancha, ¿Cómo es posible que Feijóo nos niegue una competencia, que él defendió respecto al Derecho Civil Gallego ante el Tribunal Constitucional meses antes de renunciar a ser presidente de la Xunta y liderar el PP español? , ¿A que espera el presidente Sánchez para subsanar el oscuro pasado del PSOE de la época de Zapatero en esta materia?

¿Cómo calificaría usted el pacto que han mantenido el PP y el PSOE para no incluir el Derecho Civil valenciano en la reforma de la Constitución?

Pues supone una nueva" Almansa" contra los valencianos, y además una gran contradicción de partidos que se dicen “autonomistas”. Es el mayor ataque al autogobierno valenciano desde que se nos forzó a renunciar a la vía del artículo 151 para acceder a la autonomía en los años 1980-81, por un pacto entre la UCD y el PSOE, en el que el principal perjudicado fuimos los valencianos.

¿Los hace igual de responsables o cree que se puede culpar más a un partido que a otro?

La dignidad de cientos de alcaldes y concejales y los diputados del PPCV y del PSPV en les Corts está en juego, y exigimos a Feijóo y Sánchez que cumplan con el Estatuto. La predecesora de Bolaños, la vicepresidenta Calvo dijo que en el año 2022 se tramitaría la reforma constitucional para recuperar nuestra autonomía legislativa civil, y ahora Bolaños se niega incluso a recibirnos, cuando hace un año la entonces directora general de Asuntos Constitucionales, la actual magistrada del Tribunal Constitucional Laura López Bueso, ante el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala, nos dijo en la Moncloa que el PSOE apoyaría esta reforma valenciana. Algunas figuras del PP y PSOE están buscando argumentos falsos para justificar un voto negativo en una clara invocación del centralismo jacobino que se ha impuesto en estos partidos.

¿Es optimista a pesar de todo?

Soy optimista, a la vista de que los dirigentes del PSPV y del PPCV, saben que es infundada la posibilidad de introducir temas “indeseados” por PP y PSOE dado el juego de mayorías ( 3/5 de los diputados y senadores) que exige el artículo 167 para la más mínima reforma. Además, el PP y también el PSOE, saben que Juristes Valencians, hemos evitado que ERC y PODEMOS incorporaran nuevas cuestiones al debate constitucional para que fuera viable la reforma del artículo 49 y la planteada por les Corts. En realidad, González Pons, me indicó que la reforma valenciana sólo sería viable para el PP si PODEMOS y ERC no plantearan enmiendas al artículo 49, y como saben las únicas enmiendas proceden de grupos de derecha o centro derecha “centralistas” como VOX o Ciudadanos, o de centro derecha soberanistas ( el PNV o Junts), con todos estos partidos ha pactado y pactará previsiblemente el PP. Todas las enmiendas de estos partidos conservadores son testimoniales por cuestionar el modelo del Estado Autonómico; el largo proceso de tramitación de la reforma constitucional, como única duda relevante abriga el posicionamiento final del PSOE y PP respecto al Derecho Foral Valenciano. PODEMOS y ERC hasta la fecha en este tema han cumplido su palabra.

¿Y que dicen al respecto los representantes de las personas con discapacidades- CERMI?

Como seguro que saben Cuca Gamarra y Bolaños, el presidente de CERMI Luis Cayo en carta remitida al presidente de les Corts Valencianes apoyó la tramitación conjunta de ambas reformas y las considera un “bien incuestionable para nuestra vida política y para la profundización de nuestra democracia”. Los valencianos debemos estar muy agradecidos a Luis Cayo, y a CERMI CV. Juristes Valencians, como he dicho, ha facilitado tras diversas reuniones con ERC y PODEMOS la futura aprobación de la modificación constitucional del artículo 49, en especial por las gestiones realizadas por el diputado por Alicante Txema Guijarro, con Jaume Asens y Pablo Echenique.

Joan Baldoví, que ha llevado esta cuestión al Congreso, no ha dudado en calificar de “traición” a los valencianos el pacto PP y PSOE.

En realidad, si el PSOE vota contra el Derecho Civil Valenciano, será en primer lugar un incumplimiento flagrante contra PODEM (marca valenciano de los morados) y Compromís, ya que el Pacte del Botànic 2, en su punto 6-7 obliga al PSOE a aprobar la modificación constitucional para la recuperación efectiva del Derecho Foral Valenciano. Los primeros traicionados serían por tanto Compromis y PODEM, y en mi opinión deberían abandonar el CONSELL, sino quieren ser cómplices del PSOE, en un nuevo pacto del pollo.

Lo que sorprende es que Feijóo se comprometió en Valencia a incorporar el Derecho Civil valenciano y no lo ha hecho.

Confió en que Feijóo solucione este entuerto, por que no se puede dar lecciones de autoestima con una intervención identitaria a la elite social valenciana en un acto organizado en la rotativa de Las Provincias, y decir que no veía inconveniente a tramitar conjuntamente la reforma valenciana y la del artículo 49, y después discriminar a los valencianos.

Carlos Mazón dice que abrir ese melón sería dar alas a los partidos del procés.

Cada día Carlos Mazón dice una cosa, pero él sabe perfectamente que precisamente la recuperación del Derecho Foral es un escudo contra el pancatalanismo de Torra, y Puigdemont. Mazón sabe que esta cuestión le pasará factura en las elecciones autonómicas, pero la sensación generalizada es que donde más se notará será en la provincia de Valencia, y sobre todo en Valencia ciudad, donde la candidata al alcaldesa María José Catalá ha promovido un discurso de defensa de las señas de identidad valencianas, que no resultará creíble para nadie si el PP vota contra el autogobierno civil en el Congreso. María José Catalá, como todos sabemos, tiene hilo directo con Génova. Debe implicarse en la solución, y no percibo que hasta la fecha haya descolgado el teléfono.

¿Cree que los diputados valencianos en el Congreso deberían tener otra actitud en esta y otras cuestiones que afectan a los valencianos? ¿Cree que Ximo Puig como president valenciano podría o debería hacer más?

Si Bolaños se sale con la suya, Ximo Puig pasará a la historia como el único presidente de la Generalitat que ha perdido autogobierno, porque, aunque no le guste oírlo, desde hace siete años, con las Sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016 que anularon las leyes civiles de familia, se ha recortado de facto nuestro ámbito de actuación como le han dicho por carta abierta 450 personalidades valencianas. Puig no ha conseguido revertir la situación de infrafinanciación, ni avanza a buen ritmo el corredor mediterráneo, o las cercanías. No he visto a Puig reunirse con Sánchez para desbloquear el tema, no se trata de ser reivindicativo, que no lo es suficientemente en mi opinión, se trata de ser efectivo. La pasividad de Puig motivó una carta abierta en la que se solicitaba su implicación y que firmaron 450 personalidades de la sociedad civil valenciana. Puig tiene que ganar este pulso que le está echando el sector jacobino de su partido.

¿Confía usted en que las movilizaciones van a lograr forzar la voluntad política a última hora de estos dos partidos?

Soy optimista, porque es injustificada la actual posición del PSOE y PP; huyen del debate. Juristes Valencians hemos conseguido el apoyo de 541 municipios de todo el territorio valenciano, no nos rendimos, y sabemos que es la única oportunidad de esta generación de valencianos de conseguirlo, y no son serias las ofertas del PP de restituirlo si llegan a gobernar.

¿Dónde se hará la manifestación en València?

La concentración del próximo día 26 de febrero, el día de la Crida, será en la plaza de la Virgen de Valencia. Queremos que sea una primera advertencia de valencianos hartos ante tantos ataques contra nuestros legítimos derechos civiles, sociales, económicos y culturales.  Feijóo nos consideran españoles de segunda a los valencianos.

Al final se cumple aquello de que “quan el mal ve d´Almansa…”

El mal contra los valencianos “no ve d´Almansa” reside en el meninfotisme de algunos políticos valencianos. Los diputados valencianos en el Congreso no pueden votar contra el Estatuto, y Joan Lerma y Alberto Fabra, senadores designados por les Corts Valencianes, por su autoridad, deben colaborar con Puig, Mazón y María José Catalá a evitar la pervivencia de esta discriminación. Sería un gran bochorno ver a expresidentes de la Generalitat, elegidos por les Corts, votar contra el Estatuto que prometieron defender.

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